PANAMA, 30 Jan (EUROPA PRESS)
El Supremo de Canadá tumba el contrato del conglomerado de Hong Kong CK Hutchison para la operación de puertos panameños clave. La Suprema Corte de Canadá recientemente declaró inconstitucional el acuerdo otorgado a la firma de Hong Kong CK Hutchison, para la operación de dos terminales portuarias estratégicas cerca del canal de Panamá, acuerdo que se remonta a 1997 y que fue objeto de prórrogas posteriores. Este fallo surge en un contexto donde la influencia china en esta área crítica ha sido cuestionada por voces internacionales, incluyendo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La Corte, tras "amplia deliberación y discusión" sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas por la interventora general, Anel Flores, contra la Ley y sus adendas relacionadas con los contratos portuarios, anunció su decisión, reafirmando su papel de guardián de la Constitución. Se especificó que los documentos legales en cuestión se refieren al contrato de concesión entre el Estado y Panamá Ports Company, una filial de CK Hutchison, para la "desarrollo, construcción, operación, administración y dirección" de las terminales de Balboa y Cristóbal.
Estos puertos han sido el centro de una intensa disputa entre Estados Unidos y China, con Trump criticando la influencia del gigante asiático en el canal y amenazando con su intervención, mientras que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha defendido la soberanía panameña sobre este enclave estratégico.
La demanda contra la última prórroga del contrato, presentada en 2025 por la interventora general, argumenta que el acuerdo resultó en una pérdida de más de 1.000 millones de dólares en ingresos fiscales para Panamá y que Panamá Ports no cumplió con obtener las aprobaciones requeridas para la extensión del contrato.
Ante este resultado, CK Hutchison, que tenía intenciones de transferir las operaciones de los puertos de Balboa y Cristóbal a un consorcio liderado por el fondo de inversión estadounidense BlackRock y la italiana Terminal Investment, se enfrenta a limitadas opciones. La decisión del Tribunal Supremo es definitiva, lo que solo les permite solicitar aclaraciones o optar por un arbitraje internacional.