MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Federico Alfaro Boyd, ha presentado este jueves su dimisión, tras el cierre de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica después de que el Tribunal Supremo panameño declarar inconstitucional el polémico contrato del Estado con la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM).
"Desde que asumí el cargo de ministro de Comercio e Industrias, mi norte siempre fue impulsar y proteger a la industria nacional, y la atracción de inversiones, como ejes fundamentales del desarrollo nacional. Entre los retos asumidos estuvo el seguimiento al proceso de redacción del contrato de concesión minera (...) que hoy ocupa la atención nacional", reza la carta enviada al mandatario.
Alfaro ha explicado que cuando asumió el cargo en junio de 2022 los términos de negociación habían sido acordados a principios de ese año, pero "no se había logrado aún un contrato que reflejase dichos términos". Por ello, asegura que asumieron "el reto" siendo "conscientes de la importancia histórica" y de "los riesgos que implicaba", de forma que contrató a expertos nacionales e internacionales "de alto nivel" para "preservar los intereses del Estado".
"Luego de intensos meses de una difícil negociación, y con los más altos intereses de la nación como nuestra primera prioridad, logramos el contrato, el cual de forma inédita fue sometido al escrutinio público de forma amplia y transparente", ha aseverado, recordando que el Ejecutivo visitó las comunidades afectadas para hacer los "ajustes en ese momento reclamados".
Así, ha indicado que retiraron el proyecto, se sentaron "nuevamente en la mesa de negociación" y lograron "no solo los cambios recomendados", "sino otros producto de las expresiones ciudadanas en la Asamblea (Nacional), comunidades y la opinión pública". "Sin embargo, debo reconocer el fervor patriótico manifestado en las calles de quienes rechazaron el contrato ley", ha agregado.
Mientras que ha reconocido el fallo del Supremo panameño, que declara dicha ley como inconstitucional, alegando que "la Justicia independiente es la columna vertical de toda democracia", ha manifestado que el fallo "podría acarrear graves consecuencias para el país como lo son la pérdida de empleos e inestabilidad económica, reclamos internacionales de los inversionistas, el impacto al grado de inversión (...)".
La polémica en torno a la concesión minera había llevado incluso Cortizo a proponer la celebración de una consulta ciudadana para zanjar el tema, una iniciativa que no surtió efecto y que fue rechazada por el Tribunal Electoral, que consideraba que "no se daban las condiciones" necesarias para sacar adelante la consulta en cuestión.
Los manifestantes, que llevan más de un mes protestando contra la medida, aseguran que el contrato podría desembocar en daños ambientales y delitos de corrupción, además de comprometer el espacio aéreo, la tierra y otros bienes públicos panameños que "quedarían en manos de Estados extranjeros".