PANAMA, 2 Jun (EUROPA PRESS)
Los disturbios en la provincia de Darién, Panamá, han motivado a la Defensoría del Pueblo a solicitar un "diálogo urgente" entre el Gobierno y los manifestantes indígenas. Este llamado se produce tras violentas manifestaciones en Arimae, donde la población se opone a un proyecto de ley que perciben como una amenaza a los derechos laborales. La Defensoría destacó que la situación ha alcanzado un "punto crítico" y subrayó la importancia de la mediación para restaurar la calma.
"Instamos a retomar el diálogo en búsqueda de la paz social en Arimae. Las protestas sociales históricamente han logrado conquistas por el bien común, este derecho es el hilo conductor que a través de las manifestaciones pacíficas se ponderan sus derechos", enfatizó la Defensoría a través de un comunicado. Además, instó a las autoridades y cuerpos de seguridad a actuar dentro del marco del Estado de Derecho y respetar los derechos humanos, haciendo énfasis en el respeto a los protocolos de uso progresivo de la fuerza.
Por otro lado, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó por redes sociales sobre los daños a la red eléctrica en Darién, que han resultado en la interrupción del servicio de telefonía en varias comunidades, exponiendo a la población a riesgos adicionales durante emergencias. Montalvo también negó la existencia de fallecidos durante los enfrentamientos, respuesta a las declaraciones del Congreso General de Gunayala, parte de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip), que alegó la muerte de un adolescente por el impacto de perdigones durante las protestas.
Las demandas de los manifestantes incluyen la derogación de la ley en cuestión, el fin de la persecución y criminalización de los disidentes, medidas contra el alto coste de vida y la oposición a la apertura de una mina de cobre. La situación en Darién refleja las tensiones actuales entre el desarrollo legislativo y la garantía de los derechos de las comunidades indígenas y trabajadoras en Panamá.