MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo de Panamá ha declarado este martes inconstitucional el polémico contrato minero que concede a la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), la explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, un caso que ha provocado una crisis política en el país.
Ahora, el pleno del Supremo ha rechazado de forma unánime la concesión y ha señalado que el contrato entre la empresa y el Estado panameño no es constitucional, tal y como ha informado la presidenta de la corte, María Eugenia López, en declaraciones recogidas por el diario 'La Estrella de Panamá'.
"Los magistrados y magistradas que integramos el pleno de la Corte Suprema de Justicia hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la ley 406 del 20 de octubre del 2023. Lo anterior significa que la referida Ley 406 queda expulsada del sistema normativo que rige en el país", ha indicado López.
La decisión llega tras cinco días de sesiones judiciales y ha sido acogida por los manifestantes que desde hace semanas se reúnen frente a la sede del Supremo en la capital a la espera de conocer el veredicto.
La polémica en torno a la concesión minera había llevado incluso al presidente del país, Laurentino Cortizo, a proponer la celebración de una consulta ciudadana para zanjar el tema, una iniciativa que no surtió efecto y que fue rechazada por el Tribunal Electoral, que consideraba que "no se daban las condiciones" necesarias para sacar adelante la consulta en cuestión.
Los manifestantes, que llevan más de un mes protestando contra la medida, aseguran que el contrato podría desembocar en daños ambientales y delitos de corrupción, además de comprometer el espacio aéreo, la tierra y otros bienes públicos panameños que "quedarían en manos de Estados extranjeros".
El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, ha expresado en anteriores ocasiones su preocupación por la situación que atraviesa el país, especialmente ante el aumento de la violencia en el marco de las protestas y el uso de gases lacrimógenos por parte de las fuerzas de seguridad para sofocar las manifestaciones.