PANAMA, 16 Jul (EUROPA PRESS)
El Gobierno panameño se ha armado con un equipo legal para enfrentar el arbitraje instaurado por la empresa Sacyr, la cual exige una compensación de hasta 1.700 millones de euros por los costes excedentes en la expansión del Canal de Panamá, realizada entre 2009 y 2016. Para este fin, el Consejo de Ministros de Panamá acordó un pago de hasta 6,5 millones de dólares (aproximadamente 5,6 millones de euros) a la firma estadounidense Arnold & Porter Kaye Scholer, que le representará ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
La disputa se origina en el contrato que inicialmente se adjudicó por 3.200 millones de dólares pero su coste final escaló a 5.580 millones. Este prolongado litigio involucra al consorcio GUPC, en el cual Sacyr tiene una participación del 41,6%. Durante años, la situación ha sido un punto de fricción entre Panamá y el consorcio constructor.
En 2020, el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, intentó apartar las controversias mencionando que era "una historia del pasado de la compañía" y ha reiterado en sucesivas juntas de accionistas que cualquier resultado adverso ya fue contemplado en sus provisiones financieras, asegurando que "Solo podemos obtener ganancias".
Sin embargo, Panamá aún enfrenta los desafíos legales emergentes de lo que ha sido denominada como la obra de ingeniería más grande del siglo XXI. En la actualidad, se maneja un arbitraje ante la CNUDMI, iniciado exclusivamente por Sacyr (sin la participación de sus socios Webuild de Italia y Jan de Nul de Bélgica), con reclamos que oscilan entre los 861 y 1.723 millones de euros.
Este caso se está resolviendo bajo el marco del Acuerdo de Protección y Promoción Recíproco de Inversiones entre España y Panamá, atendiendo a las alegaciones de Sacyr en contra de la postura del Estado panameño, que implica que la responsabilidad de los costes excedentes recae en la República de Panamá.
Recientes desarrollos recogieron la recuperación de 250 millones de dólares en garantías por parte del consorcio y la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. en 2020, que desechó un recurso del consorcio contra un desembolso obligatorio de 265 millones de dólares a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), marcando así las más recientes etapas de este complejo conflicto legal.