Archivo - Efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional durante un registro por parte de la Guardia Civil de la sede de la aerolínea Plus Ultra, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo
MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha prorrogado un mes el secreto de sumario en la causa que investiga el presunto uso indebido de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia, así como el supuesto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.
Fuentes jurídicas han informado a Europa Press de la decisión del instructor, que prolongará las pesquisas durante un mes antes de remitir la información del sumario a las partes y tomar, en su caso, las medidas procesales oportunas.
Calama aceptó la competencia para instruir la causa a principios de marzo, acordó que siguiera bajo secreto y reclamó todas las actuaciones realizadas hasta el momento al juzgado de Madrid que había llevado a cabo las primeras diligencias.
Años atrás, la Audiencia Nacional había rechazado admitir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso, argumentando que no era competente para ello y derivando la misma al mencionado juzgado de Madrid.
La jueza, que se inhibió mientras la causa seguía secreta, fue la que ordenó el pasado diciembre la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez.
En su denuncia, la Fiscalía denunciaba el "uso indebido" de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra, concedidos por el Consejo de Ministros en marzo de 2021. El Ministerio Fiscal aseguraba que el dinero "se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esta sociedad por otras de la supuesta trama delictiva".
La Fiscalía apuntaba a siete personas por un presunto delito de blanqueo de capitales perpetrado por una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.
Según el Ministerio Fiscal, los fondos ilícitos procederían de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de "muy alta cuantía", concretamente de "fondos públicos de programas CLAP", impulsados por el Gobierno para repartir alimentos básicos subsidiados, y "ventas de oro del Banco de Venezuela".