Archivo - BEIJING, Nov. 29, 2025 -- Former Peruvian President Pedro Castillo attends the trial against him in Lima, Peru, Nov. 27, 2025. Castillo was sentenced Thursday to 11 years, five months and 15 days in prison on charges of rebellion and conspiracy - Europa Press/Contacto/stringer - Archivo
MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
El expresidente de Perú Pedro Castillo ha reclamado este viernes su liberación, después de que un grupo de expertos de Naciones Unidas concluyera en un informe publicado el jueves que su detención fue arbitraria y recomendara su liberación.
Castillo ha destacado que esta "histórica decisión" viene a confirmar "de manera inequívoca" que su encarcelamiento no tuvo justificación y que el Estado peruano "violentó flagrantemente" sus Derechos Humanos.
"Fui objeto de una detención arbitraria mientras ejercía el cargo de presidente de la República", ha denunciado en un mensaje a través de redes sociales, en el que se hace eco de la recomendación del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria recomendado en su puesta en libertad.
"El mundo conoce ahora los hallazgos contenidos en esta opinión y puede observar cómo los funcionarios del sistema de justicia y las organizaciones políticas que maquinaron mi arresto y mi inmediata destitución actuaron de forma totalmente ilegal, violando la inmunidad presidencial al fabricar una inexistente figura de flagrancia y de un supuesto 'alzamiento en armas' que nunca ocurrió", ha apuntado.
Castillo ha apelado a "todos los organismos nacionales e internacionales de protección de los Derechos Humanos, así como a las instancias de la administración de justicia de Perú" para que acaten "de inmediato" y apliquen "lo dispuesto por esta instancia de Naciones Unidas", pues de ignorarlo se coloca al Estado peruano "en una condición de abierta rebeldía y de vulneración del derecho internacional".
Castillo se encuentra cumpliendo una pena de once años de prisión por delitos de rebelión por el intento fallido de autogolpe de Estado en diciembre de 2022, cuando intentó disolver el Congreso y convocar una nueva constituyente en respuesta al bloqueo que el Legislativo sometió a sus intentos de poner en marcha nuevas leyes.
Además de esta condena, Castillo tiene abierto otro frente por presunta corrupción y liderazgo de una organización criminal.