BOGOTA, Aug. 10, 2026 -- Colombian President Abelardo de la Espriella attends an earthquake response meeting in Bogota, capital of Colombia, Aug. 10, 2026. The death toll from a magnitude 7.4 earthquake that struck western Colombia on Monday has risen to - Europa Press/Contacto/[e]COLPRENSA
MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha objetado por motivos de constitucionalidad e inconveniencia el Proyecto de Ley 056 de 2024 de la Cámara y 345 de 2024 del Senado, una iniciativa que establece restricciones a la modificación de los requisitos para acceder a puestos directivos en el sector público y en empresas nacionales con participación estatal.
El secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto, ha explicado que el Ejecutivo considera que la propuesta legislativa invade atribuciones propias del Gobierno y podría añadir nuevas cargas administrativas al proceso de selección y nombramiento de altos cargos.
"Me permito informar al país que el señor presidente de la República ha objetado el proyecto de ley 056 de 2024 Cámara, 345 de 2024 Senado", ha señalado Barreto, quien ha precisado que la iniciativa pretendía "prohibir la disminución de los requisitos mínimos para acceder a cargos del nivel directivo en el sector público y empresas con participación estatal del orden nacional".
Según la Presidencia, uno de los problemas constitucionales de la iniciativa reside en que convertiría en obligatorias determinadas competencias consultivas del Consejo de Estado y limitaría facultades que corresponden al Ejecutivo en materia de organización de los empleos públicos.
"La objeción presidencial se hace con base en razones de constitucionalidad, tanto de fondo como de inconveniencia", ha afirmado el secretario jurídico, advirtiendo de que el proyecto "irrumpe facultades exclusivas del Gobierno Nacional, como la de prohibirle al Gobierno la facultad de organizar los empleos públicos".
Presidencia ha sostenido además que la legislación actualmente vigente ya establece uno de los requisitos mínimos para estos puestos. En concreto, Barreto ha citado el el Decreto Ley 770 de 2005, por lo que considera que la nueva regulación supondría una duplicidad normativa.
"Considera el Gobierno, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, que ya existe una norma vigente, el Decreto Ley 770 de 2005, que fija pisos mínimos obligatorios para estos cargos, por lo que la nueva ley resulta innecesaria e inconveniente", ha indicado.
EL EJECUTIVO ALERTA DE MÁS BUROCRACIA
Desde Presidencia han cuestionado también que el proyecto establezca varios pasos adicionales antes de efectuar determinados nombramientos. A juicio del Gobierno, estos procedimientos podrían ralentizar la incorporación de personal directivo en áreas consideradas estratégicas para la transformación de la Administración.
"Adicionalmente, el proyecto exige tres trámites previos, estudios internos del Departamento Administrativo de Función Pública y concepto del Honorable Consejo de Estado para poder proveer el nombramiento en el servicio público", ha explicado Barreto.
El secretario jurídico ha advertido de que estos requisitos podrían terminar "haciendo más lento y burocrático" el proceso de cobertura de puestos directivos y dificultar la adaptación de la Administración a ámbitos como la inteligencia artificial o la transición energética.
Asimismo, ha apuntado que mantener requisitos elevados sin posibilidad de flexibilización podría tener un efecto contrario al pretendido por la ley al limitar el acceso de determinados perfiles profesionales.
"Paradójicamente, esto también perpetuaría exigencias excesivas heredadas en algunos manuales, cerrando el paso a jóvenes profesionales, personas de regiones apartadas y mujeres calificadas", ha afirmado Barreto.
En este contexto, el Ejecutivo ha defendido una reforma de la Administración basada en el mérito, la transparencia y la búsqueda de profesionales cualificados mediante herramientas de selección más modernas.
"El Gobierno del presidente De la Espriella está abierto para que en colaboración armónica con el Honorable Congreso de la República se pueda propender por la modernización, hacer accesible para todos el servicio público, implementar una política de cazatalentos e implementar otras herramientas modernas, digitales y tecnológicas con el fin de que el gobierno pueda incentivar e invitar a los mejores talentos", ha apostillado.
Así las cosas, el asistente jurídico de De la Espriella ha emplazado al Congreso a reconsiderar la iniciativa y ha reclamado una solución consensuada que permita modernizar el acceso a la función pública dentro de los límites establecidos por la Constitución.
"Insistimos desde el Gobierno Nacional al Congreso de la República a archivar el proyecto o en su defecto revisarlo a la luz de estos argumentos", ha concluido Barreto, defendiendo que uno de los pilares para la reconstrucción del país debe ser "el acceso transparente, diáfano y rápido al servicio público".