El instructor cita a la esposa del presidente, a su asistenta y al delegado del Gobierno en Madrid a comparecer este sábado
MADRID, 24 Sep. (MADRID) -
El juez Juan Carlos Peinado ha informado a la esposa del presidente, Begoña Gómez, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, de que ha acordado transformar las diligencias de investigación para que, en caso de que sean juzgados por un presunto delito de malversación de caudales públicos relativo a la contratación de la asistente de Presidencia, lo haga un jurado popular.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid cita a los tres a acudir a la sede judicial este mismo sábado, a las 18.00 horas, para la "comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado".
Este precepto impone que, dado este paso, el juez "lo pondrá inmediatamente en conocimiento de los imputados" y, "con objeto de concretar la imputación, les convocará en el plazo de cinco días a una comparecencia, así como al Ministerio Fiscal y demás partes personadas".
Fue el pasado 10 de marzo cuando Peinado abrió una pieza separada para investigar aparte la contratación de Álvarez. Sin embargo, no fue hasta el 18 de agosto cuando imputó a Gómez y Álvarez el delito de malversación.
Este delito es uno de los que, por ley, deben ser juzgados por jurado, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal compuesto por jueces. Fuentes jurídicas explican que lo habitual es que lo acordado por Peinado este miércoles se hubiera hecho al imputar la malversación, porque legalmente se señalan ese momento o el final de las pesquisas, siendo, por tanto, inusual que se haga en un punto intermedio.
Las fuentes consultadas por Europa Press indican que, teniendo en cuenta los artículos que cita Peinado en su resolución --24 y 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado--, cabe pensar que nos encontramos en ese momento inicial, dado que hablan de la "incoación" y del "traslado de la imputación".
EL JUEZ VE INDICIOS SÓLIDOS DE MALVERSACIÓN
El propio Peinado razona en su resolución que "se puede colegir con las leyes de la lógica y de la empírica que se cumple con el requisito de la verosimilitud de los hechos, que hasta ahora no podía determinarse de una forma concreta, y que pudiéramos encontrarnos ante indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos".
"Este juzgado es consciente de que, inicialmente, se consideró que no procedía la admisión a trámite de la querella (presentada por Vox) por un delito de malversación de caudales contra las investigadas --Begoña Gómez y Cristina Álvarez--, ahora bien, como es de sobra conocido, la delimitación del objeto del proceso es de cristalización progresiva", completa.
De acuerdo con su exposición, ha llegado a esa "cristalización", en primer lugar, porque interpreta en sentido incriminatorio el hecho de que el pasado 10 de septiembre, cuando las citó a declarar como imputadas por malversación, Gómez solo respondiera a las preguntas de su abogado y Álvarez directamente se acogiera a su derecho a guardar silencio.
Respecto a la mujer del presidente del Gobierno, el instructor dice expresamente que "las que contestó la investigada Begoña Gómez a su letrado no permiten ser tenidas en cuenta en sentido exculpatorio".
En segundo lugar, menciona "los correos electrónicos aportados por el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio", que se encuentran en sede judicial desde el pasado día 16 de septiembre.
En el marco de la causa consta otro correo, de febrero de 2024, que Álvarez envió a la directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale. "Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis", se lee en la posdata del 'email', al que tuvo acceso Europa Press.
Por último, Peinado alude al auto dictado el 12 de junio por la Audiencia Provincial de Madrid, donde los magistrados fijaron que el hecho de que Gómez y Álvarez mantuviesen una "amistad personal previa", que dio lugar al nombramiento de la asesora de Moncloa, y de que ésta realizara "actividades privadas" de la esposa del jefe del Ejecutivo "podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados".
"Y, lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno", señaló el órgano judicial. Con todo, la Audiencia de Madrid descartó que se pudiese atribuir un delito de malversación a Álvarez por su contratación, al entender que dicho delito sólo podía achacarse a quienes participaron en su designación y pago.
No obstante, la Audiencia Provincial consideró que se le podría investigar por un presunto delito de tráfico de influencias por su supuesta relación de amistad con Gómez antes de acceder al cargo.
GÓMEZ RECONOCIÓ QUE ÁLVAREZ LE HIZO ALGÚN "FAVOR"
El pasado 10 de septiembre, la esposa de Pedro Sánchez explicó durante unos cinco minutos las funciones de trabajo de su asesora y reiteró --como indicó su letrado en recursos anteriores-- que Álvarez siempre se ha dedicado a la organización de su agenda y a acompañarla a actos oficiales, al tiempo que manifestó que ésta le hizo algún "favor" en ocasiones excepcionales.
Además, Gómez aseguró que desconocía el proceso de nombramiento de Álvarez como personal eventual en Moncloa e indicó que la eligió por sus conocimientos y porque tenía una relación de amistad previa con ella.
La defensa de Gómez alegó en un recurso que presentó ante la Audiencia de Madrid --al que tuvo acceso Europa Press-- que "la realización de un favor a la persona para la que trabajas y con la que, además, mantienes una relación de amistad nunca puede interpretarse como una conducta que entre dentro del ámbito de aplicación de una infracción penal tan grave como la malversación".
En este sentido, el abogado precisó en su recurso que Álvarez desempeña tareas de colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo y recordó que las condiciones del puesto son "de plena disposición, 24 horas 7 días a la semana".
PENDIENTES DE LA AUDIENCIA DE MADRID
Cabe recordar que la investigación nació en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias en la que se acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios --como el investigado Juan Carlos Barrabés-- que se presentaban a licitaciones públicas.
Desde entonces, el juez ha ido abriendo nuevas ramas de investigación consecuencia de querellas presentadas por Hazte Oír y por Vox por presuntas irregularidades en el registro del 'software' de una cátedra de la UCM que dirigía Gómez y por supuestas irregularidades en la contratación de la asesora de la esposa de Sánchez.
Así, al margen del delito de malversación que se investiga en la pieza relativa a la contratación de Álvarez, Gómez también está investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que en este momento la Audiencia de Madrid tiene ocho recursos pendientes de resolver relativos a esta causa --incluidos los de Gómez, Álvarez y Fiscalía contra la imputación por malversación-- y que seis de ellos ya están en trámite. Algunos comenzarán a deliberarse los días 29 de septiembre y 6 de octubre, precisan.