Archivo - El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella - Luisa Borja Luna / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha criticado dos fallos de la Justicia colombiana que han frenado dos operaciones de las Fuerzas Armadas comandadas por el Ejecutivo --una de ellas por la posible presencia de menores en un campamento miliciano que iba a ser bombardeado--, lo que ha presentado como una interferencia en su labor, adelantando que su Gobierno litigará para revertir las decisiones.
"Respeto a la justicia, pero sin sustituir las competencias del presidente de la República", ha afirmado De la Espriella en un discurso en el que ha aludido a las medidas cautelares impuestas por la Justicia para frenar "operaciones aéreas ofensivas contra estructuras armadas cuando existe información sobre presencia de menores de edad", así como la fumigación de campos en el sureño departamento de Putumayo, en la frontera con Ecuador y Perú.
Precediendo su argumento con la premisa de que "las decisiones judiciales se respetan y las órdenes vigentes se cumplen", el mandatario ultraderechista ha alegado que "respetar una decisión judicial no significa renunciar a controvertirla por las vías que establece la propia Constitución y la ley".
"Al presidente le corresponde dirigir la fuerza pública, conservar y restablecer el orden público y dirigir las operaciones de guerra. Esas facultades, por supuesto, tienen límites. Deben ejercerse respetando la Constitución, los derechos fundamentales y el Derecho Internacional Humanitario. Pero una cosa es el control judicial y otra muy distinta sustituir al Gobierno, al presidente o al mando militar en la conducción operacional del Estado", ha defendido.
De este modo, ha anunciado que el Ejecutivo que dirige va a "ejercer todos los mecanismos jurídicos que correspondan para defender esas competencias que la Constitución me ha entregado a mí como presidente de la República".
En concreto, De la Espriella ha aludido a los casos relacionados con menores reclutados por milicias, una realidad ante la que, ha remarcado, "el Estado tiene frente a una obligación reforzada de protección", en la que las fuerzas de seguridad "deben actuar con inteligencia precisión, precaución y estricto respeto por los principios de distinción y proporcionalidad".
"Pero esa protección no puede convertirse en una ventaja operacional para los criminales que reclutan niños (...) No podemos permitir que un cabecilla llegue a la conclusión de que llevar menores a un campamento le garantiza inmunidad frente a la acción del Estado", ha argumentado, alegando que "eso produciría un incentivo perverso" porque "premiaría precisamente al criminal que viola el Derecho Internacional Humanitario reclutando niños".
Por ello, "la respuesta no puede ser actuar sin precaución, pero tampoco puede ser paralizar al Estado", ha incidido, aclarando que la respuesta de las autoridades "tiene que ser mejor inteligencia, mayor precisión operacional, evaluación rigurosa de cada objetivo y protección reforzada de los menores, sin renunciar nunca a la obligación constitucional de enfrentar a las organizaciones narcoterroristas que amenazan a los colombianos".
Por otro lado, el presidente colombiano ha defendido que, si bien las medidas emprendidas contra "cultivos ilícitos" deben contar con "el soporte técnico, ambiental, sanitario y territorial necesario (...), la definición y ejecución de la política contra el narcotráfico corresponde a las autoridades constitucionalmente competentes para ello".
"Por eso he dado instrucciones para que la defensa jurídica del Estado actúe con firmeza", ha anunciado, matizando que no pretende "convertir esto en una pelea del presidente contra los jueces", ya que no se trata de "una discusión personal" sino de una "institucional".
En este sentido, e incidiendo en que "el Estado de Derecho también implica que cada rama del poder público ejerza las competencias que la Constitución le asignó", el mandatario ha argumentado que el mismo "no puede convertirse en un Estado sin autoridad".
"Respeto absoluto por la justicia, pero defensa igualmente firme de las competencias constitucionales del presidente para conservar el orden público, dirigir la fuerza pública y proteger a todos los colombianos", ha concluido.