MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Brasil ha ofrecido al estado de Sao Paulo su ayuda a todos los niveles tras el asesinato este lunes por la noche del que fuera su secretario de seguridad, Ruy Ferraz Fontes, conocido por su papel central en el combate contra el crimen organizado, especialmente contra Primer Comando de la Capital (PCC).
Fontes fue tiroteado en el municipio de Praia Grande, en el litoral paulista, cuando el vehículo en el que viajaba fue interceptado por hombres armados en la noche de este lunes. Un crimen "brutal", ha dicho el ministro de Justicia, Ricardo Lewandoski, que refleja "el nivel de violencia" que sigue imperando en Brasil.
Lewandoski ha matizado que este tipo de episodios "no son exclusivos de Brasil", no obstante, y ha trasladado al gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, de que el Gobierno se pone a disposición de las autoridades estatales.
"Nos ponemos a disposición del estado, sobre todo en lo que respecta a la Policía científica. Tenemos un banco de datos en lo que atañe a balística, ADN, información, todo eso ponemos a disposición, si es necesario, del Gobierno de Sao Paulo", ha dicho el ministro de Justicia en declaraciones a los medios.
Lewandoski ha explicado que este tipo de casos responden a la cada vez mayor presencia de armas de uso restringido en las calles brasileñas y ha responsabilizado a las políticas permisivas de años anteriores. "El actual Gobierno está intentado ahora hacer un control de todo ese armamento", ha contado.
Por su parte, el Gobierno de Sao Paulo ha puesto en marcha un operativo especial para dar con los responsables del atentado que acabó con la vida de Fontes, un reconocido policía con cuatro décadas de servicio y al frente de la seguridad del estado entre 2019 y 2022.
El PCC es la principal organización criminal de Brasil, con cada mayor presencia en todo Sudamérica. Surgido de una de las peores cárceles de Sao Paulo en 1993, no ha parado de crecer hasta controlar los presidios y las favelas del país, además de contar con unos 35.000 miembros, de los cuales 6.000 están entre rejas.
En agosto de este año, una operación a gran escala ejecutada por diferentes cuerpos policiales en hasta ocho estados asestó un importante golpe a la estructura económica de la organización, al desarticular una trama mil millonaria relacionada con el tráfico y manipulación ilegal de combustible.