Archivo - Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). - Chepa Beltran / Zuma Press / Europa Press
MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Colombia ha confirmado las advertencias de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acerca de los riesgos que corren tanto ellos como las víctimas tras los recortes a este organismo surgido de los acuerdos de paz de 2016 y ha señalado que "se acaba la feria" de los planes de seguridad.
En estos términos se ha referido el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, durante su comparecencia ante la JEP para abordar las medidas de seguridad que el Gobierno del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, tiene previstas para quienes participan en los casos que aborda este tribunal especial.
Ordoñez ha asegurado que la protección de víctimas, comparecientes y jueces es una prioridad para esta administración, pero ha querido dejar "claro que en este Gobierno se acaba la feria de los esquemas de seguridad" y ha asegurado que hay unos 600 de estos que han de ser evaluados.
"No puede ser que con el dinero de los colombianos se paguen esquemas que para con ellos se delinca, se trafique droga, se carguen armas, o se movilicen terroristas", ha justificado Ordóñez, según recoge Caracol Radio.
Asimismo, el ministro del Interior ha asegurado que el Gobierno cumplirá con sus obligaciones con respecto al acuerdo de 2016 que se firmó con la extinta guerrilla de las FARC, en contraste con la oposición que De la Espriella ha mostrado siempre hacia unos arreglos que calificó de "falsa paz" y se abrió a desmontar.
Como parte del plan de austeridad del presidente De la Espriella, se estima un recorte para la JEP de hasta 170.000 millones de pesos (47,1 millones de de euros). Entre las decisiones está trasladar la sede del tribunal a un inmueble mucho más pequeño, recortar en personal y establecer más teletrabajo.