Publicado 05/05/2026 22:53

El ELN impone hasta cinco años de "prisión revolucionaria" a funcionarios secuestrados desde 2025

También 'sentencia' a dos agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol a unos tres años de "prisión revolucionaria"

Archivo - Guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. Imagen de archivo
Archivo - Guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. Imagen de archivo - CARLOS VILLALÓN - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha informado este martes de la imposición de supuestas condenas de hasta cinco años de "prisión revolucionaria" a dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Colombia, secuestrados desde mayo de 2025.

Esta "sentencia" ha sido anunciada por miembros del Frente de Guerra Oriental del ELN, tras la celebración de un proceso denominado por el grupo armado como "Juicio Revolucionario" contra Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, a quienes si bien ha señalado que no se los ha condenado con la pena capital, sí que han 'dictaminado' en su contra 'condenas' de 60 y 55 meses de "prisión revolucionaria", respectivamente.

Esta decisión se debe a que el grupo armado ha encontrado a ambos funcionarios "autores materiales" de "delitos de pertenencia a un organismo del Estado dedicado a la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad" por "desarrollar acciones de espionaje contra el ELN, vinculando a la población civil y menores de edad" y por la "ejecución de montajes o falsos positivos judiciales contra la población civil".

Ambos "procesados", según ha indicado uno de los guerrilleros durante la lectura del comunicado que contenía este anuncio, podrán ver rebajada su pena "por comportamiento durante el juicio, la ejecución de la pena, así como por la contribución al esclarecimiento de los hechos y conductas investigadas". Esta rebaja, añade el grupo, podrá ser de "hasta el 60% de la condena".

En esa misma línea, el ELN ha aludido a la posibilidad de "descontar el tiempo que los condenados han permanecido privados de la libertad desde el momento de su captura a la fecha como ejecución de la pena", así como de "conceder" en su favor la opción de "terminar el mecanismo de canje humanitario de prisioneros de guerra con el Gobierno nacional, de conformidad con los postulados políticos y humanitarios" del grupo armado.

A las 'condenas' de Pacheco y López, secuestrados en el departamento de Arauca, en el este del país, se han sumado las de dos agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), secuestrados también en Arauca en julio de 2025. Se trata de Franki Esley Hoyos y Yordin Fabián Pérez, quienes han sido hallados 'culpables' de los delitos de "espionaje y perfidia contra el pueblo y el ELN", teniendo por ello que permanecer en "prisión revolucionaria" durante 36 y 32 meses, respectivamente, esto es, hasta tres años.

OLEADA DE CONDENAS

Este anuncio ha desatado una marea de críticas por parte de miembros del Gobierno encabezado por el presidente colombiano, Gustavo Petro, como ha sido el caso del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien ha remarcado que el ELN "no es ninguna autoridad judicial", sino "un cartel del narcotráfico" y "una amenaza contra el pueblo colombiano".

"Las familias de nuestros secuestrados no están solas. Todo el Estado colombiano, incluso la comunidad internacional está con ustedes para traer sanos y a salvo a sus familiares", ha garantizado el jefe de la cartera de Defensa en declaraciones recogidas por Caracol Radio.

Por su parte, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, ha tildado de "inadmisible" a estos hechos, al tiempo que ha reclamado al grupo ilegal la "libertad inmediata" de los secuestrados, así como al Gobierno nacional que refuerce los esfuerzos orientados a la referida liberación, en la medida en que, ha lamentado, las familias han acusado que "no ha habido suficiente acompañamiento" por el Ejecutivo central.

"Desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario, ellos están tratando de mostrar una cierta legalidad en la privación de la libertad dentro de su propio ordenamiento", ha considerado Ortiz recalcando que "el secuestro, la privación arbitraria de la libertad y la toma de rehenes" constituyen un "delito" no solo a ojos del ordenamiento nacional, sino también del internacional.

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