MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha negado este martes la existencia de un acuerdo entre su Gobierno y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) para desmantelar a los cárteles que operan en el país latinoamericano, desmintiendo así el anuncio emitido en la víspera por el organismo estadounidense.
"El día de ayer emitió la DEA un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el Gobierno de México para una operación que llaman Portero. No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado no sabemos con base en qué", ha declarado durante una comparecencia recogida por el diario 'El Sol de México'.
La mandataria ha considerado "importante aclarar" que "nosotros no validamos algo que se emita por parte de una institución de Estados Unidos que no se haya preguntado al Gobierno de México". "Cualquier comunicación conjunta se hace de manera conjunta", ha señalado en respuesta a una nota emitida este lunes por la DEA anunciando "una importante iniciativa para fortalecer la colaboración entre Estados Unidos y México en la lucha contra los cárteles, cuyas redes de tráfico son responsables de inundar las comunidades estadounidenses con drogas sintéticas letales".
El proyecto consiste en un programa de capacitación de varias semanas de duración reuniendo a "investigadores mexicanos con fuerzas del orden, fiscales, funcionarios de defensa y miembros de la comunidad de inteligencia estadounidenses" con el objetivo de "desmantelar a los "guardianes" de los cárteles, agentes que controlan los corredores de contrabando a lo largo de la frontera suroeste", señaló el organismo en su comunicado.
"Lo único que hay es un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estaban llevando un taller en Texas", ha reconocido Sheinbaum, indicando que el acuerdo en materia de seguridad en el que están trabajando los dos países "ya está prácticamente listo".
En este sentido, la dirigente mexicana ha recordado la reforma constitucional para tipificar como delito grave la actuación de cualquier extranjero en México al margen de la ley, una medida tramitada en respuesta a la decisión de Washington de incluir a seis cárteles como organizaciones terroristas, añade el periódico mexicano.