Publicado 14/07/2025 23:32

Bolivia.- Bolivia reforzará las elecciones del 17 de agosto con Policía y militares ante las amenazas del evismo

Archivo - June 4, 2025, La Paz, Bolivia: Riot police blocked protesters outside the Palacio Quemado, the former presidential palace.
Archivo - June 4, 2025, La Paz, Bolivia: Riot police blocked protesters outside the Palacio Quemado, the former presidential palace. - Europa Press/Contacto/Diego Rosales - Archivo

La Defensoría del Pueblo eleva a 8 muertos y 173 heridos el balance de víctimas en los bloqueos de carreteras de junio

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia ha anunciado este lunes que se reunirá con las Fuerzas Armadas y la Policía para reforzar la logística de las elecciones generales del 17 de agosto ante la amenaza de la líder del Partido Nacional Boliviano (Pan-Bol) y aliada del expresidente Evo Morales, Ruth Nina, de que "en vez de contar votos van a contar muertos".

"Ese plan logístico se va a reforzar. Tendremos reuniones con las Fuerzas Armadas y la Policía para desarrollar este plan, con el único objetivo de que todos los bolivianos puedan ejercer la democracia", ha afirmado el vocal del TSE, Gustavo Ávila, en declaraciones a la prensa recogidas por la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Las medidas concretas, ha detallado, las transmitirá el organismo en las próximas 24 horas junto con la postura institucional que se asuma frente a las declaraciones de Nina, a la que el vocal del TSE ha acusado de "instigación pública a delinquir", por lo que ha instado a las autoridades actuar de "manera inmediata".

El "Tribunal Supremo Electoral no va a permitir que algún ciudadano ponga en vilo o amenace el derecho democrático que tienen los más de 7,5 millones de ciudadanos que están habilitados para votar", ha asegurado el vocal, que ha recordado que obstruir un proceso electoral constituye un delito, subrayando que el TSE recurrirá "ante las instancias competentes si es que ello ocurriera" el 17 de agosto.

Nina, que amenazó el pasado sábado que el 17 de agosto "el Tribunal Electoral y el Gobierno en vez de contar votos van a contar muertos", no se ha retractado de sus palabras y ha rechazado que se intente criminalizarla por ellas.

"¿A dónde es el delito en este momento decir lo que pensamos nosotros, que no estamos de acuerdo como naciones indígenas, como clase popular, que nos vengan a imponer sus candidatos?", ha cuestionado en una entrevista concedida a radio Panamericana y recogida por el diario 'El Deber'.

La dirigente del Pan-Bol --partido con el que pretendía presentarse Morales y cuya candidatura fue rechazada por el TSE-- ha llegado a decir: "Prefiero que me maten en el derecho constitucional de defender un amparo y el derecho a elegir y ser elegido, que también está amparado en la Constitución Política del Estado".

LA DEFENSORÍA ELEVA A 8 LOS MUERTOS EN LOS BLOQUEOS DEL EVISMO

Este nuevo enfrentamiento entre el Tribunal Electoral y el evismo se produce en el mismo día en el que la Defensoría del Pueblo ha presentado un informe sobre la conflictividad en el país durante el mes de junio, elevando el balance de víctimas conocido hasta el momento a causa del bloqueo de algunas de las principales carreteras del país entre el 2 y 16 de junio.

"En los días de bloqueo, en el municipio de Llallagua (Potosí) y en Cochabamba, se reportó el fallecimiento de un total de ocho personas: dos personas particulares, dos del sector movilizado y cuatro policías (que fueron a desbloquear)", ha señalado el órgano en el documento, sumando dos víctimas mortales más a las cifras existentes antes de su publicación.

Simultáneamente, la Defensoría ha cifrado en 173 los heridos --"que incluyen afectados del sector movilizado, terceros no involucrados en los bloqueos, pobladores de las zonas afectadas y efectivos policiales"-- y en 201 los detenidos, "32 con procesos penales abiertos por delitos como atentado a la seguridad, uso de explosivos, asesinato y tentativa de homicidio".

Además, la institución ha notificado "cuatro casos de agresiones a periodistas con amenazas, hostigamiento y robo de equipos; ocho casos de obstrucción a ambulancias y agresiones a personal médico, agresiones a transportistas (...) y afectación al derecho a la educación con suspensión de clases en Betanzos y Llallagua", entre otros actos violentos.

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