Alega que requiere la autorización del Congreso y anuncia que presentará un recurso
MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Argentina ha solicitado a la Justicia de Estados Unidos que suspenda su fallo del pasado lunes ordenando al país latinoamericano la cesión del 51 por ciento de las acciones de la petrolera estatal YPF a los fondos Burford y Eton Capital como pago a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la empresa en 2012, y ha anunciado que recurrirá el dictamen.
"El Gobierno solicitó la suspensión del fallo de la jueza (Loretta) Prezka y trabaja en la apelación", ha declarado el portavoz del Ejecutivo argentino, Manuel Ardoni, en su cuenta de la red social X, una petición que Buenos Aires ha transmitido en una carta enviada a la magistrada, según recoge el diario 'Página 12'.
Ardoni ha defendido que dicha "sentencia (...) es jurídicamente inaplicable", alegando que la entrega de las acciones de YPF "exige autorización del Congreso por mayoría agravada y desconoce la inmunidad soberana". "Las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles", ha argumentado.
El dictamen de esta jueza perteneciente al distrito de Nueva York establece que el Estado argentino deberá depositar las acciones de clase D de YPF en una cuenta de custodia global en la multinacional bancaria 'Bank of New York Mellon Corporation' en los 14 días posteriores a la fecha de la orden.
Se trata de un fallo que se enmarca en la demanda por la que Argentina ya fue condenada a pagar más de 16.000 millones de dólares (13.588 millones de euros).
Argentina mantiene el control desde 2012 a través de su participación mayoritaria en las principales decisiones de YPF, entre las que se incluyen la aprobación de iniciativas o la elección del consejo de administración. Este proceso tuvo lugar bajo la Presidencia de Cristina Fernández, que cumple condena desde el pasado 17 de junio a seis años de prisión desde su domicilio en Buenos Aires por corrupción.
Por este motivo, los dos fondos reclamaron que en el momento de la expropiación, el Estado debía haber realizado una oferta de adquisición por el total de la empresa, tal y como fijaba el estatuto, y no solo por una parte. Burford Capital había solicitado en abril de 2024 el control de dichas acciones junto con embargos y otras medidas.